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“La paz implica que los políticos no se roben la plata de la salud, que las mujeres podamos ser respetadas en nuestros derechos, que no seamos torturadas, abusadas sexualmente, implica autonomía, respeto a la diferencia, a los saberes ancestrales.”
Francia Márquez, 2015
Photo by Eli DeFaria on Unsplash

El reclamo por el derecho al aborto se vincula con la defensa del pluralismo y del estado laico el cual debe brindar condiciones a todas las personas para ejercer los derechos sexuales y reproductivos. Se cree que el “aborto” no es solo la práctica abortiva en sí, sino que también es un discurso por el cual el poder accede al sexo a través de las relaciones y vínculos que establecen los varones y las mujeres alrededor del ejercicio de su sexualidad (Bas Cortada y Danieletto, 2007). Además el aborto rompe con los mitos sociales de la maternidad y por ende con aquellas representaciones de los roles de lo femenino y lo masculino imperantes (Roa, 2008).


Así mismo, el aborto se relaciona directamente con la ciudadanía de las mujeres, la cual comienza, se desarrolla y culmina en sus cuerpos que son considerados territorios personales y privados sobre los cuales se toman decisiones libres de coerción y violencia, por lo tanto como lo defiende la red de salud de las mujeres latinoamericanas y del caribe, la libertad sexual y reproductiva y el control del cuerpo debe ser considerado un principio ético político no negociable (2004).


Las mujeres como sujetas de derecho tienen plena capacidad para decidir de acuerdo a sus realidades de vida, por lo que el acceso al aborto debe ser legal, seguro y de forma gratuita. El aborto es un fenómeno que en términos de políticas públicas puede abordarse tanto desde el ámbito de la salud reproductiva como desde la salud mental. También el aborto en el aspecto cultural se constituye en la negación de la maternidad, lo cual se ha entendido por mucho tiempo como algo natural de las mujeres, incluso confundiendo que la identidad y el destino de las mujeres es la maternidad.  


Este año Latinoamérica se vistió de verde, especialmente Argentina con la lucha por la despenalización del aborto, un tema que implica aspectos políticos, económicos, culturales y de salud que en muchos casos no se identifican o intentan excluirse de la problemática. En agosto del 2018 el senado de este país freno el proyecto que buscaba la despenalización del aborto y aunque esta lucha ha tenido algunos avances en otros países latinoamericanos como Colombia ¿los logros conseguidos si han permitido una aplicación y solución efectiva para prevenir las muertes generadas por un derecho que se niega a las mujeres?

En Colombia es necesario dar una vista a la situación del aborto y de la defensa de los derechos de las mujeres que ha sido un proceso que ha ido creciendo en el país con la conformación de grupos de mujeres y feministas que quieren dar a conocer su opinión y posicionar los derechos de las mujeres como algo fundamental y que no puede seguir siendo subordinado en Colombia. Hace 12 años se logró un avance frente a la despenalización del aborto, al ser aprobado el aborto en tres circunstancias especificadas en la sentencia C-355 del 2006.

Esto es importante recordarlo porque son muchos los inconvenientes que se presentan para poder acceder al procedimiento de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en algunos casos por desconocimiento de la sentencia y en otros por inconvenientes y barreras que generan los entes que deben prestar el servicio y que se respaldan en el desconocimiento o en la objeción de conciencia, pasando por encima de un derecho que se debería considerar fundamental para las mujeres.

Foto de Jason Blackeye en Unsplash

Es así como Elena Prada y Lisa Remez, con ayuda del Guttmacher Institute y la fundación Oriéntame, en un informe del 2011 presentan que el 44% de los embarazos no planeados terminan en aborto inducido, lo cual representa unos 400,400 abortos cada año, en el 2008, de los cuales solo 322 fueron interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) prestadas por instituciones de salud.


Una de las recomendaciones presentadas en este informe era que se debía mejorar la implementación de la sentencia dada en el 2006, pues a pesar de este dictamen muchas mujeres se ven afectadas por obstáculos burocráticos e institucionales que les niegan la interrupción voluntaria del embarazo en las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS). Algunas IPS aseguraban, como se mencionaba anteriormente, que no se presta el servicio por falta de equipos, infraestructura, personal capacitado y además señalan la objeción de conciencia de algunos empleados.


¿Cómo es posible que luego de conseguir este pequeño avance, entregar informes que muestran su poca aplicabilidad y urgencia de promover el uso de esta sentencia, se pretenda retroceder en el proceso poniendo límites de tiempo a esta interrupción? A esto le apuntó Cristina Pardo, magistrada que proponía que la IVE solo se realizara antes del segundo trimestre de gestación, más límites para realizar el procedimiento.

No se puede permitir que a los pequeños pasos que se van dando en relación a nuestros derechos se quieran detener o restringir con algunas medidas, el aborto no es un juego ni algo que se desea hacer como practica constante, es una alternativa para muchas mujeres que se encuentran frente a “problemas de realización personal, de dificultad financiera y de falta de condiciones psicológicas para enfrentar un embarazo indeseado”, como lo menciona la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir, ninguna mujer hace un aborto por gusto, lo hace porque no encuentra otra salida a la situación en que esta (Cannabrava, 2005).

El derecho a decidir sobre nuestros cuerpos no merece tener restricción alguna y el estado está en la obligación de promover seguridad en este sentido, sabemos que este es un procedimiento que afecta bastante el cuerpo de las mujeres y que entre más tiempo pase para realizar la interrupción es un proceso más fuerte. ¿Cuál es la solución? La solución debe estar dirigida a la efectividad de los procesos y aplicabilidad de los logros conseguidos, como lo menciona la abogada Cristina Rosero (2018) “las mujeres que buscan ayuda para interrumpir el embarazo de forma segura, lo hacen a tiempo, pero como tienen tantas barreras en el proceso, terminan recibiendo la autorización cuando ya están en un estado muy avanzado de gestación”.


La construcción de una Colombia en paz ha sido una lucha de muchos años consecutivos, pero el lograr un acuerdo de paz no es la única solución para conseguir esto, la formación de la paz debe ser un proyecto en conjunto y que implica visibilizar y solucionar todas las problemáticas que no permiten una vida digna y de calidad a todas las personas, pensar más allá de los intereses individuales es el primer avance, dejar a un lado las tradiciones conservadoras que cierran la posibilidad de respetar las decisiones propias y seguramente, ver a las personas que nos rodean no como competencia sino compañeras de lucha nos permitirá un cambio mayor. Sin dar un paso atrás y reivindicando nuestros derechos.  


Referencias Bibliográficas

Cannabrava, B. (2005). Aborto. Red latinoamericana católicas por el derecho a decidir. Colombia: Bogotá.

Nación. (2018, 17 de octubre). Polémica del aborto: ganan las voces que piden eliminar las barreras. Revista Semana. Ver

Prada, E. et al., (2011). Embarazo no deseado y aborto inducido en Colombia: Causas y consecuencias. Nueva york: Guttmacher Institute.  

Red de salud de las mujeres latinoamericanas y del caribe. (2004). Cuerpos autónomos, vidas soberanas. ISBN 107096. Santiago, Chile.

Redacción política. (2015, 21 de abril). La guerra en el Cauca vista desde los ojos de Francia. Periódico El Espectador. Ver

Roa, M. (2008). La perspectiva de género en el análisis del aborto: Aborto, ¿un acto de emancipación?.

V Jornadas de Sociología de la UNLP. Universidad Nacional de La Plata.

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología, La Plata.


12 Años de una Lucha Constante, ni un Paso Atrás

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November 13, 2018

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“La paz implica que los políticos no se roben la plata de la salud, que las mujeres podamos ser respetadas en nuestros derechos, que no seamos torturadas, abusadas sexualmente, implica autonomía, respeto a la diferencia, a los saberes ancestrales.”
Francia Márquez, 2015
Photo by Eli DeFaria on Unsplash

El reclamo por el derecho al aborto se vincula con la defensa del pluralismo y del estado laico el cual debe brindar condiciones a todas las personas para ejercer los derechos sexuales y reproductivos. Se cree que el “aborto” no es solo la práctica abortiva en sí, sino que también es un discurso por el cual el poder accede al sexo a través de las relaciones y vínculos que establecen los varones y las mujeres alrededor del ejercicio de su sexualidad (Bas Cortada y Danieletto, 2007). Además el aborto rompe con los mitos sociales de la maternidad y por ende con aquellas representaciones de los roles de lo femenino y lo masculino imperantes (Roa, 2008).


Así mismo, el aborto se relaciona directamente con la ciudadanía de las mujeres, la cual comienza, se desarrolla y culmina en sus cuerpos que son considerados territorios personales y privados sobre los cuales se toman decisiones libres de coerción y violencia, por lo tanto como lo defiende la red de salud de las mujeres latinoamericanas y del caribe, la libertad sexual y reproductiva y el control del cuerpo debe ser considerado un principio ético político no negociable (2004).


Las mujeres como sujetas de derecho tienen plena capacidad para decidir de acuerdo a sus realidades de vida, por lo que el acceso al aborto debe ser legal, seguro y de forma gratuita. El aborto es un fenómeno que en términos de políticas públicas puede abordarse tanto desde el ámbito de la salud reproductiva como desde la salud mental. También el aborto en el aspecto cultural se constituye en la negación de la maternidad, lo cual se ha entendido por mucho tiempo como algo natural de las mujeres, incluso confundiendo que la identidad y el destino de las mujeres es la maternidad.  


Este año Latinoamérica se vistió de verde, especialmente Argentina con la lucha por la despenalización del aborto, un tema que implica aspectos políticos, económicos, culturales y de salud que en muchos casos no se identifican o intentan excluirse de la problemática. En agosto del 2018 el senado de este país freno el proyecto que buscaba la despenalización del aborto y aunque esta lucha ha tenido algunos avances en otros países latinoamericanos como Colombia ¿los logros conseguidos si han permitido una aplicación y solución efectiva para prevenir las muertes generadas por un derecho que se niega a las mujeres?

En Colombia es necesario dar una vista a la situación del aborto y de la defensa de los derechos de las mujeres que ha sido un proceso que ha ido creciendo en el país con la conformación de grupos de mujeres y feministas que quieren dar a conocer su opinión y posicionar los derechos de las mujeres como algo fundamental y que no puede seguir siendo subordinado en Colombia. Hace 12 años se logró un avance frente a la despenalización del aborto, al ser aprobado el aborto en tres circunstancias especificadas en la sentencia C-355 del 2006.

Esto es importante recordarlo porque son muchos los inconvenientes que se presentan para poder acceder al procedimiento de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en algunos casos por desconocimiento de la sentencia y en otros por inconvenientes y barreras que generan los entes que deben prestar el servicio y que se respaldan en el desconocimiento o en la objeción de conciencia, pasando por encima de un derecho que se debería considerar fundamental para las mujeres.

Foto de Jason Blackeye en Unsplash

Es así como Elena Prada y Lisa Remez, con ayuda del Guttmacher Institute y la fundación Oriéntame, en un informe del 2011 presentan que el 44% de los embarazos no planeados terminan en aborto inducido, lo cual representa unos 400,400 abortos cada año, en el 2008, de los cuales solo 322 fueron interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) prestadas por instituciones de salud.


Una de las recomendaciones presentadas en este informe era que se debía mejorar la implementación de la sentencia dada en el 2006, pues a pesar de este dictamen muchas mujeres se ven afectadas por obstáculos burocráticos e institucionales que les niegan la interrupción voluntaria del embarazo en las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS). Algunas IPS aseguraban, como se mencionaba anteriormente, que no se presta el servicio por falta de equipos, infraestructura, personal capacitado y además señalan la objeción de conciencia de algunos empleados.


¿Cómo es posible que luego de conseguir este pequeño avance, entregar informes que muestran su poca aplicabilidad y urgencia de promover el uso de esta sentencia, se pretenda retroceder en el proceso poniendo límites de tiempo a esta interrupción? A esto le apuntó Cristina Pardo, magistrada que proponía que la IVE solo se realizara antes del segundo trimestre de gestación, más límites para realizar el procedimiento.

No se puede permitir que a los pequeños pasos que se van dando en relación a nuestros derechos se quieran detener o restringir con algunas medidas, el aborto no es un juego ni algo que se desea hacer como practica constante, es una alternativa para muchas mujeres que se encuentran frente a “problemas de realización personal, de dificultad financiera y de falta de condiciones psicológicas para enfrentar un embarazo indeseado”, como lo menciona la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir, ninguna mujer hace un aborto por gusto, lo hace porque no encuentra otra salida a la situación en que esta (Cannabrava, 2005).

El derecho a decidir sobre nuestros cuerpos no merece tener restricción alguna y el estado está en la obligación de promover seguridad en este sentido, sabemos que este es un procedimiento que afecta bastante el cuerpo de las mujeres y que entre más tiempo pase para realizar la interrupción es un proceso más fuerte. ¿Cuál es la solución? La solución debe estar dirigida a la efectividad de los procesos y aplicabilidad de los logros conseguidos, como lo menciona la abogada Cristina Rosero (2018) “las mujeres que buscan ayuda para interrumpir el embarazo de forma segura, lo hacen a tiempo, pero como tienen tantas barreras en el proceso, terminan recibiendo la autorización cuando ya están en un estado muy avanzado de gestación”.


La construcción de una Colombia en paz ha sido una lucha de muchos años consecutivos, pero el lograr un acuerdo de paz no es la única solución para conseguir esto, la formación de la paz debe ser un proyecto en conjunto y que implica visibilizar y solucionar todas las problemáticas que no permiten una vida digna y de calidad a todas las personas, pensar más allá de los intereses individuales es el primer avance, dejar a un lado las tradiciones conservadoras que cierran la posibilidad de respetar las decisiones propias y seguramente, ver a las personas que nos rodean no como competencia sino compañeras de lucha nos permitirá un cambio mayor. Sin dar un paso atrás y reivindicando nuestros derechos.  


Referencias Bibliográficas

Cannabrava, B. (2005). Aborto. Red latinoamericana católicas por el derecho a decidir. Colombia: Bogotá.

Nación. (2018, 17 de octubre). Polémica del aborto: ganan las voces que piden eliminar las barreras. Revista Semana. Ver

Prada, E. et al., (2011). Embarazo no deseado y aborto inducido en Colombia: Causas y consecuencias. Nueva york: Guttmacher Institute.  

Red de salud de las mujeres latinoamericanas y del caribe. (2004). Cuerpos autónomos, vidas soberanas. ISBN 107096. Santiago, Chile.

Redacción política. (2015, 21 de abril). La guerra en el Cauca vista desde los ojos de Francia. Periódico El Espectador. Ver

Roa, M. (2008). La perspectiva de género en el análisis del aborto: Aborto, ¿un acto de emancipación?.

V Jornadas de Sociología de la UNLP. Universidad Nacional de La Plata.

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología, La Plata.


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