La lucha por la Vida y el Ambiente. Libertades Silenciadas en Colombia

November 15, 2020
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Foto de Evy Prentice

En épocas de autoritarismos, de ascenso de la derecha y de tendencias populares conservadoras, hay algo que me preocupa: la Libertad, mi Libertad, nuestra Libertad, así, en mayúscula. Las restricciones a la libertad de expresión, locomoción, cátedra o pensamiento y de elección sobre el tipo de vida que se quiere son las primeras medidas que se acogen para imponer un orden normalizado, homogéneo y hegemónico; incluso violento, como en el caso de Colombia. 

En Colombia, la eliminación de la vida ha sido una forma sistemática de censura, la más brutal de todas. Recientemente, se conoció el asesinato de la líder ambientalista, Juana Perea, en el municipio de Nuquí, departamento del Chocó. El 29 de octubre, su cuerpo fue descubierto con una herida de bala, en la playa, frente a la estación de policía. Juana administraba un hotel, promovía el ecoturismo, el desarrollo sustentable y se oponía al proyecto de construcción del puerto de Tribugá. Ahora, ella hace parte de la lista de líderes asesinados.

De acuerdo con la ONG Global Witness, en el año 2019, Colombia alcanzó la cifra más alta que ningún otro país haya registrado, desde hace doce años, en el asesinato de líderes ambientales, con un total de 64 homicidios. Este dato representa el 30% del total de crímenes, en contra de ambientalistas, que se registraron en todo el planeta. Una proporción escandalosa que debería llamar nuestra atención sobre lo que ocurre con la libertad y la vida en los territorios.   

Esto no es, simplemente, un problema de inseguridad. Es la construcción de una (para) política que establece un “orden” y dibuja los límites de lo que las personas pueden, o no, hacer: defender el territorio transgrede, claramente, esas fronteras de lo permitido. La censura, por medio de la eliminación física, no solo coarta la libertad de las víctimas, sino que también envía un mensaje claro para el resto de la población. A través de un ejercicio de terror, se deja en claro quién tiene el poder y para qué. 

En Colombia, la tierra, como factor de capital, sigue siendo un objeto de disputa y se echa mano de la desposesión para la acumulación. Cuando esto ocurre, se fracturan las relaciones preexistentes en el territorio, se obliga a las personas a plegarse ante un modelo de desarrollo que no los beneficia, a abandonar sus estilos de vida o a desplazarse; en otras palabras, se vacían las opciones de la libertad. No hay poder de decisión, ni derechos; hablar se vuelve una actividad de alto riesgo.

Lideres sociales asesinados
Elaboración María Camila Moncada, a partir de la base de datos de Global Witness


Así, se evidencia que el 67,2% de los líderes y lideresas ambientales fueron asesinados por sus luchas sobre la posesión de la tierra. Igualmente, el 3,1% defendían una reforma agraria integral. El 21,9% lideraban en el tema de la sustitución de cultivos; el 4,7% se oponían a proyectos mineros y el 3,1% otras causas.

No en vano Colombia es el país del latifundio, de la ganadería, de los proyectos agroindustriales y de las plantaciones que requieren ingentes cantidades de hectáreas y de agua para ser rentables. Según estimaciones recientes, el 38% del territorio colombiano corresponde a ecosistemas agrícolas. De estos, 34.5 millones de hectáreas son dedicadas a la ganadería y casi 7 millones a los cultivos agroindustriales (Rodríguez-Becerra, 2019: 223). De acuerdo con el Observatorio de Drogas, 145.475 hectáreas fueron destinadas, en el 2019, para el cultivo de Coca. Finalmente, solo el 5% del área cultivable es dedicado a las actividades agrícolas y tradicionales de las minorías étnicas. 

Este modelo extractivo se refuerza todavía más con actividades petroleras y mineras, muchas de las cuales tienen licencias en tierras de propiedad colectiva, y con la implementación de obras de infraestructura que permiten el transporte y comercialización de las materias primas o commodities.

La lucha por el territorio y la defensa de las formas de vida que allí se han instaurado tienen un fuerte componente racista y colonial. Históricamente, los pueblos indígenas y afro han sido despojados y asesinados en nombre de alguna corona, el progreso o el negocio. Aún hoy, su ciudadanía sigue siendo de segunda y por ello, la protección de sus libertades no ha sido una prioridad para los gobiernos. El 40,2% de los líderes ambientales asesinados eran indígenas, principalmente de la región del Cauca y de Nariño, el 28,1% era de origen campesino, el 6% afrodescendientes y el 4,6% mestizos.    

Tristemente, lo que en el régimen internacional de protección de la biodiversidad se ha catalogado como una fuente de riqueza, esto es, la diversidad cultural y los múltiples saberes ancestrales y tradicionales, en Colombia se ve como un obstáculo para el modelo de desarrollo, basado en el saqueo y la anulación. Frente a esta barbarie de “la civilización”, lo único que queda es, entonces, la resistencia o la re-existencia, como lo proponen las ecofeministas. 

Ya señalaba Hannah Arendt que la razón de ser de la política es, justamente, la Libertad y que su campo de experiencia es la acción. Actuar, a través de la preservación de la vida y de la movilización, es una manera de ser libre. En un contexto de agudización de la violencia, la libertad es un acto de valentía, pero es la única manera de atravesar los límites de la posibilidad, trascender y garantizar la existencia, la memoria y la diversidad.

La preservación de las prácticas de los pueblos, de la propiedad colectiva, de los cultivos de subsistencia, de los sistemas agroecológicos y la protección de los líderes ambientales y sociales es también un ejercicio de defensa común, en contra de la violencia de las derechas, del Estado y de los armados. Movilizaciones como la llevada a cabo por la Minga del Cauca, durante el mes de octubre de este año, nos demuestra la estrecha relación que existe entre las luchas por la vida, el territorio y el ejercicio de la libertad, en un país donde algunos actores han acumulado, amenazado, censurado y asesinado de manera sistemática.


Referencias

Global Witness (Julio 2019). Defender el mañana. Crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente.

Rodríguez-Becerra, M. (2019). Nuestro planeta, nuestro futuro. Bogotá: Debate.


La lucha por la Vida y el Ambiente. Libertades Silenciadas en Colombia

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En épocas de autoritarismos, de ascenso de la derecha y de tendencias populares conservadoras, hay algo que me preocupa: la Libertad, mi Libertad, nuestra Libertad, así, en mayúscula. Las restricciones a la libertad de expresión, locomoción, cátedra o pensamiento y de elección sobre el tipo de vida que se quiere son las primeras medidas que se acogen para imponer un orden normalizado, homogéneo y hegemónico; incluso violento, como en el caso de Colombia. 

En Colombia, la eliminación de la vida ha sido una forma sistemática de censura, la más brutal de todas. Recientemente, se conoció el asesinato de la líder ambientalista, Juana Perea, en el municipio de Nuquí, departamento del Chocó. El 29 de octubre, su cuerpo fue descubierto con una herida de bala, en la playa, frente a la estación de policía. Juana administraba un hotel, promovía el ecoturismo, el desarrollo sustentable y se oponía al proyecto de construcción del puerto de Tribugá. Ahora, ella hace parte de la lista de líderes asesinados.

De acuerdo con la ONG Global Witness, en el año 2019, Colombia alcanzó la cifra más alta que ningún otro país haya registrado, desde hace doce años, en el asesinato de líderes ambientales, con un total de 64 homicidios. Este dato representa el 30% del total de crímenes, en contra de ambientalistas, que se registraron en todo el planeta. Una proporción escandalosa que debería llamar nuestra atención sobre lo que ocurre con la libertad y la vida en los territorios.   

Esto no es, simplemente, un problema de inseguridad. Es la construcción de una (para) política que establece un “orden” y dibuja los límites de lo que las personas pueden, o no, hacer: defender el territorio transgrede, claramente, esas fronteras de lo permitido. La censura, por medio de la eliminación física, no solo coarta la libertad de las víctimas, sino que también envía un mensaje claro para el resto de la población. A través de un ejercicio de terror, se deja en claro quién tiene el poder y para qué. 

En Colombia, la tierra, como factor de capital, sigue siendo un objeto de disputa y se echa mano de la desposesión para la acumulación. Cuando esto ocurre, se fracturan las relaciones preexistentes en el territorio, se obliga a las personas a plegarse ante un modelo de desarrollo que no los beneficia, a abandonar sus estilos de vida o a desplazarse; en otras palabras, se vacían las opciones de la libertad. No hay poder de decisión, ni derechos; hablar se vuelve una actividad de alto riesgo.

Lideres sociales asesinados
Elaboración María Camila Moncada, a partir de la base de datos de Global Witness


Así, se evidencia que el 67,2% de los líderes y lideresas ambientales fueron asesinados por sus luchas sobre la posesión de la tierra. Igualmente, el 3,1% defendían una reforma agraria integral. El 21,9% lideraban en el tema de la sustitución de cultivos; el 4,7% se oponían a proyectos mineros y el 3,1% otras causas.

No en vano Colombia es el país del latifundio, de la ganadería, de los proyectos agroindustriales y de las plantaciones que requieren ingentes cantidades de hectáreas y de agua para ser rentables. Según estimaciones recientes, el 38% del territorio colombiano corresponde a ecosistemas agrícolas. De estos, 34.5 millones de hectáreas son dedicadas a la ganadería y casi 7 millones a los cultivos agroindustriales (Rodríguez-Becerra, 2019: 223). De acuerdo con el Observatorio de Drogas, 145.475 hectáreas fueron destinadas, en el 2019, para el cultivo de Coca. Finalmente, solo el 5% del área cultivable es dedicado a las actividades agrícolas y tradicionales de las minorías étnicas. 

Este modelo extractivo se refuerza todavía más con actividades petroleras y mineras, muchas de las cuales tienen licencias en tierras de propiedad colectiva, y con la implementación de obras de infraestructura que permiten el transporte y comercialización de las materias primas o commodities.

La lucha por el territorio y la defensa de las formas de vida que allí se han instaurado tienen un fuerte componente racista y colonial. Históricamente, los pueblos indígenas y afro han sido despojados y asesinados en nombre de alguna corona, el progreso o el negocio. Aún hoy, su ciudadanía sigue siendo de segunda y por ello, la protección de sus libertades no ha sido una prioridad para los gobiernos. El 40,2% de los líderes ambientales asesinados eran indígenas, principalmente de la región del Cauca y de Nariño, el 28,1% era de origen campesino, el 6% afrodescendientes y el 4,6% mestizos.    

Tristemente, lo que en el régimen internacional de protección de la biodiversidad se ha catalogado como una fuente de riqueza, esto es, la diversidad cultural y los múltiples saberes ancestrales y tradicionales, en Colombia se ve como un obstáculo para el modelo de desarrollo, basado en el saqueo y la anulación. Frente a esta barbarie de “la civilización”, lo único que queda es, entonces, la resistencia o la re-existencia, como lo proponen las ecofeministas. 

Ya señalaba Hannah Arendt que la razón de ser de la política es, justamente, la Libertad y que su campo de experiencia es la acción. Actuar, a través de la preservación de la vida y de la movilización, es una manera de ser libre. En un contexto de agudización de la violencia, la libertad es un acto de valentía, pero es la única manera de atravesar los límites de la posibilidad, trascender y garantizar la existencia, la memoria y la diversidad.

La preservación de las prácticas de los pueblos, de la propiedad colectiva, de los cultivos de subsistencia, de los sistemas agroecológicos y la protección de los líderes ambientales y sociales es también un ejercicio de defensa común, en contra de la violencia de las derechas, del Estado y de los armados. Movilizaciones como la llevada a cabo por la Minga del Cauca, durante el mes de octubre de este año, nos demuestra la estrecha relación que existe entre las luchas por la vida, el territorio y el ejercicio de la libertad, en un país donde algunos actores han acumulado, amenazado, censurado y asesinado de manera sistemática.


Referencias

Global Witness (Julio 2019). Defender el mañana. Crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente.

Rodríguez-Becerra, M. (2019). Nuestro planeta, nuestro futuro. Bogotá: Debate.


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