¿Cuál es la situación de una persona portadora del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), migrante y mujer en Colombia?

La infección por el VIH continúa siendo una crisis sanitaria a nivel mundial. Según ONUSIDA, 40.1 millones de personas han muerto de enfermedades relacionadas con el sida desde el comienzo de la epidemia en 1981. En 2021, 38.4 millones de personas vivían con el virus en todo el mundo, de los cuales el 25% no contaba con acceso a terapia antirretroviral, 5.9 millones de personas no sabían que vivían con el virus y 650 mil personas murieron de enfermedades relacionadas con el sida. El 54% de todas las personas que vivían con el VIH eran mujeres y niñas. Cada semana, alrededor de 4.900 mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años contraen la infección por este virus.

En Colombia, en 2021, había registradas 134.636 personas viviendo con VIH, de las cuales 12.919 son casos nuevos (año 2021), siendo la vía sexual la principal forma de transmisión. De esta cifra, la mayoría de los casos corresponde a personas con edades entre los 25 y 34 años, en este mismo año por cada 3,4 casos en hombres, una mujer es diagnóstica en el país.

Las anteriores son cifras alarmantes, y lo son aún más cuando se estudian en la población migrante, toda vez que, de acuerdo con el informe “Encuesta bioconductual sobre el VIH, la sífilis y el estado de los venezolanos viviendo en Colombia” publicado en octubre de 2022 y realizado en conjunto entre la Red Somos, la Universidad John Hopkins y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos CDC con el apoyo del Ministerio de Salud y Protección social, hay 22.500 migrantes que viven con el virus y la prevalencia del VIH[1] en los encuestados/as es de 0,9%, y 1.2% en Barranquilla, asumiendo que hay 2.5 millones de migrantes venezolanos/as en Colombia, según ACNUR, lo que es superior a la registrada para el total de personas entre 15 y 49 años en el país.

La encuesta bioconductual denominada Bienestar de Venezolanos quienes son Inmigrantes y Refugiados (Proyecto BIENVENIR), se realizó entre adultos venezolanos migrantes y refugiados en cuatro urbes de Colombia. La recolección de datos se realizó durante el segundo semestre del 2021.

Las mujeres representaron el 65% de la población estudiada y sobre este porcentaje se revela que, “el 10% de las mujeres refugiadas y migrantes reportó experiencias de violencias mientras vivían en Colombia”, cifra que incluso pudiera estar infradeclaradas por el estigma o clasificación errónea de violencias menos graves. Asimismo, que, el 47% de los encuestados experimentó algún tipo de discriminación mayoritariamente por su condición de migrantes.

Casi la mitad de los encuestadas no conocía el estado de VIH de su pareja sexual, lo que fue más recurrente en el reporte de las mujeres, las personas que residen en Barranquilla y Soledad, y las personas con estatus migratorio irregular, en comparación con sus contrapartes. Solo la mitad de los migrantes y refugiados declararon haberse hecho alguna vez la prueba de VIH, porcentaje que fue mucho mayor entre quienes vivían en Bogotá y Soacha (promedio 56%) en comparación con Barranquilla y Soledad (promedio 47%).

Por la condición migratoria (regular e irregular), es posible que estas mujeres enfrenten enormes dificultades para denunciar hechos discriminatorios o delictivos de los que pueden llegar a ser objeto, como trata de personas, explotación y violencia sexual. De otro lado, pueden estar expuestas a la estigmatización que supone este tipo de enfermedades, les impiden acudir con facilidad ante las IPS o EPS para tratamientos, ya que se exigen una serie de documentos que acrediten su situación migratoria regular. Del total de migrantes venezolanos, según cifras de Migración Colombia, solo el 37 % se encuentran afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Lo anterior, es un panorama diciente y contundente que invita a diseñar políticas públicas y/o programas que no solamente estén enfocadas en poder cubrir los tratamientos de personas con VIH en el país, y lograr los objetivos planteados del 95/95/95[2] desde la ONUSIDA para el 2030, sino también que incluya integralmente a los y las migrantes. La falta de diseño de políticas obstaculiza el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y constituyen una intromisión indebida en el ejercicio del derecho a la salud.

En el área de la prevención y la atención, se deben dinamizar estrategias y/o campañas que mitiguen las brechas de acceso a la información y datos, como la prevalencia del VIH en la población, vulnerabilidades y factores de riesgo necesarias para el desarrollo de políticas económicas y programas intersectoriales que se dirijan a los aspectos socioeconómicos del problema, toda vez que en personas desplazadas que no viven en campos de refugiados es muy difícil y raramente se logra con éxito esta caracterización.

La sociedad puede hacer frente a las necesidades de mujeres y niñas migrantes relacionadas con VIH. Asimismo, situar en el centro de las acciones de prevención de este virus a personas de poblaciones clave[3], hombres y mujeres jóvenes, con enfoque de género, con diversidad sexual, étnica, geográfica. Lo anterior mediante un proceso que pretenda incluirles en procesos de participación.

Toda vida es valiosa y por tanto es necesario viabilizar condiciones que aseguren su dignidad y salud. Debemos ser tratados iguales en medio de las diferencias. Que el portar una enfermedad como VIH no sea una carga adicional a las implícitas en su estatus de migrante.

Ahora bien, en marzo, mes en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, es pertinente visibilizar las brechas e indicadores de desigualdad de género que como se relató previamente, en la población migrante, se reviste de consideraciones asociadas a factores de inequidad e invisibilidad de una problemática socioeconómica y de salud pública. Esto nos invita a estudiar y desarrollar una política pública que contemple las particularidades de estas realidades que en principio se enmarcan en un fenómeno trasnacional y que poco a poco trasciende al ámbito local.

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Referencias

[1] La prevalencia estimada del VIH/SIDA es el porcentaje que representa el número de casos de VIH/SIDA para la población en una unidad espacial de referencia, en un periodo de tiempo, con respecto al número total de habitantes de la misma unidad para el mismo periodo de tiempo.

[2] Los objetivos 95-95-95 (meta de manejo de respuesta al VIH) para 2030 consiste en que el 95% de las personas que viven con VIH conozcan su estado serológico, que de ellas, el 95% ingresen a tratamiento antirretroviral, y que de ellas, el 95% logren supresión viral, alcanzando un estado de indetectabilidad (indetectable = intransmisible).

[3]Población clave se refiere a quienes tienen mayor posibilidad de adquirir el virus: Personas que declaran haber pagado por sexo, personas que manifiestan practicar sexo transaccional, personas que consumen drogas inyectables y homosexuales y personas trans.‍