¡No olvidamos!
El CAI de Villa Claudia se convirtió en el fortín de abuso, extorción y violencia (física y mental) de la Policía Nacional hacia la personas Trans y Trabajadoras sexuales de la Avenida primero de mayo. Motivo por el cual se convocó el lunes 13 de mayo de 2019 a una movilización cuyo fin era poner en evidencia la situación de violencia y abuso policial para levantar la voz y visibilizar la situación en esta zona de la ciudad.
En esa ocasión fueron dos chicas Trans de nacionalidad Venezolana, agredidas por agentes de la Policía los cuales propinaron una golpiza que las dejarían con 15 días de incapacidad. Esto no es algo nuevo, esto es una violencia direccionada, sistemática e histórica que se cimienta en la homofobia y la xenofobia INSTITUCIONAL.
Por estos días, la indignación social causada por el asesinato de George Floyd ha generado una serie de manifestaciones en diferentes estados de Estados Unidos, movilizaciones de rechazo frente a la brutalidad policial y en general el rechazo de directrices institucionales proteccionistas de “violencias legítimas”; son hoy las luchas de una sociedad gringa alternativa a la sociedad clásica capitalista, conservadora, colonizadora y materialista. Nos lleva a pensar que el trasfondo de estas movilizaciones se direcciona y se enmarcan en una reforma institucional del modelo, que en meses pasados emergió con gran fuerza en el cono sur del continente americano con los movimientos sociales feministas, estudiantiles y obreros.
Pensar una reforma institucional es pensar, no en las reformas de modernización e implementación de tecnologías (que pueden ser necesarias), sino en el cambio de enfoques con el cual se llega a las poblaciones. En el caso concreto de la Policía Nacional de Colombia, podemos observar que dichas reformas institucionales se resumen en capacitación sobre derechos humanos y no se han materializado en la práctica, vemos hoy una Policía que centra su razón en la violencia y no en la convivencia, una Policía criminal y sobre todo machista, pues esta no conoce (y no le interesa) nada en absoluto sobre la realidad de la población Trans, las trabajadoras sexuales y habitantes de calle. Las reformas institucionales son ante todo reformas políticas y estas deben ser discutidas en diferentes ámbitos y construidas conjuntamente con los actores concernientes a los problemas sociales específicos a tratar, los agentes son intérpretes de la realidad y en la medida en que complejizan esta, las soluciones se darán con enfoques comprensivos y ajustados a las diversas realidades.
En la actualidad no existe un sistema especial de denuncias para casos de abuso policial a población Trans, trabajadoras sexuales y habitantes de calle, con lo cual no se puede sistematizar información para dar contexto a estas realidades. No tener un sistema cuantificable, no significa que las denuncias no se realicen. Las organizaciones de base comunitarias son espacios en el que la información circula horizontalmente y se trabaja para la resolución de estos problemas mediante asesoramiento, hermandad, comunidad y vías legales.
Es el caso de Alejandra Monocuco, mujer Trans, trabajadora sexual del Barrio Santa Fe en el centro de Bogotá, que luego de presentar síntomas de fallas respiratorias falleció el 29 de mayo de 2020 a las 3 de la madrugada, después de que una ambulancia se negara a prestarle el servicio médico al enterarse que ella vivía con VIH. Su cuerpo duró más de 15 horas en la habitación sin que la institución encargada hiciera el levantamiento del cuerpo, sumando a la negligencia que las mujeres que vivían con ella no se les realizó el examen del COVID19. Pero no todo termina allí, la inconsistencia y la falta de coherencia de la institucionalidad del sector salud en un principio afirmó que una persona había firmado un documento para que Alejandra no fuera llevada a un hospital, luego se hizo público un comunicado de prensa de la Alcaldía Mayor de Bogotá sobre el caso, aceptando que mintió y que nunca existió ningún documento firmado por alguna persona evitando el traslado de Alejandra, lo cual devela la ignorancia en su actuar e indigna de forma radical a los sectores sociales defensores de derechos humanos LGTBIQ, específicamente de la Red Comunitaria Trans que se encargó de hacer visible el caso.
No solo se trata de implementar enfoques humanistas en instituciones como la Policía Nacional, se debe tratar que todos los sectores institucionales (hasta la secretaria de la mujer de Bogotá) realicen con urgencia un cambio de paradigma que oriente su atención a poblaciones diversas. Y en ese sentido la justicia como institución debe actuar con coherencia, verdad y transparencia en la investigación de estos casos. El más reciente es el de la violación a una niña indígena del resguardo (Embera Chami) en el corregimiento de Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico, en Risaralda, a manos de siete soldados adscritos al batallón San Mateo. En este proceso la Fiscalía imputó cargos a los siete militares (que curiosamente aceptaron) por acceso carnal abusivo y no por acceso carnal violento, lo que lleva a pensar que hubo consentimiento por parte de la menor, lo que resulta insólito en el actual contexto de violencia, maltrato y asesinato de mujeres a mano de parejas, amigos, conocidos, desconocidos y de nuevo por la institucionalidad cómplice que mediante comunicados no asume la responsabilidad al decir que es cuestión de unas manzanas podridas, que son hechos alejados de sus estructuras llenas de valores.
No terminaríamos de redactar esta columna debido a la cantidad de casos que nos abarrotan por estos días pero cabe resaltar un hecho ocurrido en el barrio Santa Fe, en Bogotá, el día 20 de junio de 2020, a las 3:50 de la madrugada, donde la Policía de Bogotá llego insultando, maltratando físicamente (bolillo) y disparando a las trabajadoras sexuales de esta zona. A Natalia y Macarena les dispararon en sus glúteos, justo donde tienen el silicón, lo que genera complicaciones de salud graves e irreversibles. Estos hechos son motivo de la movilización convocada por la Red Comunitaria Trans para el día 3 de julio a las 5pm en la torre del reloj del Parque Nacional en el contexto del #pridemonth donde se buscará alzar la voz y no callar los hechos de violencia.
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