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Durante casi dos años hubo dos historias sobre lo ocurrido una noche de octubre de 2024 en una fraternidad de Cornell University.
Una estaba en manos del sistema penal. No produjo cargos.
La otra empezó a conocerse en septiembre de 2026, cuando una exestudiante presentó una demanda civil en la que acusa a siete hombres, entonces estudiantes de Cornell, de haberla agredido sexualmente en la casa de la fraternidad Chi Phi.
Ahora ha aparecido una tercera pieza.
CBS News obtuvo la transcripción de las entrevistas que la mujer mantuvo con la policía de Cornell en noviembre de 2024. Allí, según el documento revisado por la cadena, distinguió entre diferentes momentos de aquella noche y dijo que podía afirmar “con 100% de certeza” que había sido violada.
Matthew Van Houten, fiscal de distrito del condado de Tompkins, dijo el 29 de septiembre que nunca había visto esa transcripción.
La investigación criminal ha sido reabierta.
La pregunta que queda frente a Cornell University ya no puede formularse únicamente alrededor de lo ocurrido aquella noche.
También hay que preguntar qué ocurrió después de que una mujer denunció una agresión sexual dentro de una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos.
Lo Que Está Documentado y Lo Que Sigue Siendo una Alegación
Esta distinción importa.
La demanda civil, presentada el 14 de septiembre de 2026 ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York, acusa a siete hombres de haber agredido sexualmente a la demandante y formula reclamaciones contra Cornell University, organizaciones vinculadas a Chi Phi y Tri Delta, un establecimiento de Ithaca y otros demandados.
Son alegaciones contenidas en una demanda civil.
No son condenas penales.
Al cierre de este artículo, la investigación criminal está abierta y el fiscal ha anunciado que pretende presentar el caso ante un gran jurado.
Algunos abogados de los hombres señalados han rechazado las acusaciones contra sus clientes. Reuters informó, por ejemplo, que el abogado de uno de ellos sostuvo que su cliente no participó en una agresión y respaldó una nueva investigación.
La presunción de inocencia debe mantenerse.
También debe mantenerse otra cosa: el escrutinio sobre lo que hicieron las instituciones cuando recibieron la denuncia.
Cornell Sí Investigó
Cornell University sostiene que realizó durante varios meses una investigación bajo sus procedimientos de Title IX.
Según la universidad, posteriormente hubo una audiencia en la que la denunciante y los señalados pudieron declarar y presentar evidencia ante un panel.
El proceso produjo consecuencias.
El presidente de Cornell, Michael Kotlikoff, dijo el 29 de septiembre que dos estudiantes fueron expulsados, dos recibieron suspensiones de al menos dos semestres, uno se había graduado antes de que pudiera imponérsele una sanción y dos no fueron considerados responsables de conducta sexual indebida en el procedimiento universitario.
El capítulo de Chi Phi fue cerrado en 2024 y permanece fuera del campus.
Esto desmiente una versión demasiado simple de la historia: no es correcto decir que Cornell no hizo nada.
Pero tampoco resuelve lo que ocurrió en el sistema penal.
Una investigación disciplinaria universitaria y una investigación criminal tienen procedimientos, estándares y consecuencias diferentes.
Y es precisamente entre esos dos sistemas donde ahora existe una pregunta sin respuesta definitiva.
El Documento Que el Fiscal Dice Que No Vio
La mujer acudió a la Cornell University Police Department en noviembre de 2024.
CBS News obtuvo recientemente la transcripción de las entrevistas realizadas los días 14 y 15 de noviembre.
Según CBS, durante aquellas conversaciones la mujer describió lagunas en su memoria y diferenció lo que consideraba inicialmente consentido de acontecimientos posteriores. También dijo sentirse coaccionada, describió haber estado completamente incapacitada y afirmó inequívocamente que había sido violada.
La transcripción muestra además que el investigador trabajó con ella en la elaboración de una declaración escrita, se la leyó y permitió que hiciera aclaraciones antes de firmarla.
Aquí aparece el punto más delicado de toda la historia.
Van Houten sostiene que la decisión de no presentar cargos en 2024 estuvo basada en la declaración escrita que recibió su oficina. Según el fiscal, ese documento no contenía las mismas alegaciones que aparecen ahora en la demanda civil.
Pero cuando CBS le mostró la existencia de la transcripción completa de las entrevistas, dijo que nunca la había visto.
“Eso cambia el panorama para mí”, declaró a CBS.
Hay un límite importante para lo que podemos concluir.
CBS afirma que no ha visto la declaración final de seis páginas que recibió la Fiscalía.
Por tanto, con la evidencia pública disponible no es posible establecer exactamente qué diferencias existen entre aquella declaración, la transcripción completa y la demanda de 2026.
Tampoco existe evidencia pública suficiente para afirmar que Cornell ocultó deliberadamente la transcripción.
Cornell sostiene que su departamento de policía entregó a la Fiscalía los resultados de su investigación. El fiscal sostiene que nunca recibió la transcripción completa.
Las dos afirmaciones dejan abierta una pregunta factual:
¿Qué información recibió exactamente la Fiscalía en 2024?
Una Investigación Criminal Que Vuelve a Empezar
Van Houten ha reabierto la investigación.
Ha dicho que quiere presentar el caso ante un gran jurado y que allí podrán considerarse el testimonio de la mujer y cualquier nueva evidencia relacionada con las alegaciones de la demanda civil.
También existe otra cuestión que requiere explicación.
El fiscal dijo a CBS que su oficina no tiene indicios de que la policía hubiera entrevistado durante la investigación inicial a los siete hombres ahora señalados en la demanda.
Eso no demuestra por sí solo que la investigación fuera inadecuada.
Pero es una declaración relevante para evaluar cómo se investigó una denuncia de esta gravedad.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pidió una revisión independiente de la respuesta de Cornell. La universidad aceptó una revisión externa de su actuación.
El caso, por tanto, ya no está siendo examinado en un único frente.
Hay una demanda civil, una investigación criminal reabierta y una revisión sobre la actuación institucional.
Cornell Ya Sabía Que Tenía un Problema Mayor
Sería un error tratar esta historia únicamente como un episodio extraordinario dentro de una fraternidad.
Los propios datos de Cornell muestran un problema más amplio.
La encuesta de Sexual Assault and Related Misconduct de 2025 encontró que 35% de las mujeres de pregrado que respondieron reportaron haber experimentado contacto sexual no consentido durante su paso por Cornell, frente al 23% registrado en 2023.
La misma encuesta encontró que 20% de esos contactos se produjeron en casas o anexos de fraternidades.
Cornell creó en febrero de 2025 un Presidential Task Force on Campus Sexual Assault. Su informe final fue publicado en marzo de 2026 y planteó medidas sobre prevención, educación, mecanismos de denuncia y responsabilidad institucional.
Es decir, antes de que esta demanda colocara a Cornell bajo escrutinio nacional, la propia universidad ya había reconocido la dimensión del problema.
Eso cambia la pregunta.
No basta con determinar si Cornell siguió un procedimiento en este caso particular.
También corresponde examinar qué tan efectivo resulta ese sistema dentro de una institución donde sus propios datos muestran una prevalencia significativa de violencia sexual.
Y Entonces Llegó Internet
En los últimos días, Toby Morton, exguionista de South Park, creó TheCornell7.org.
El sitio ha reunido el expediente de la demanda y otros materiales relacionados con el caso. En su propia sección de fuentes, la web advierte, por ejemplo, que determinado material de Snapchat se presenta como fuente relacionada con el expediente y que el sitio no autentica independientemente las cuentas, identidades o mensajes más allá de lo consignado en la demanda.
Morton importa para esta historia, pero no es su protagonista.
Su intervención revela algo distinto.
Un proceso que durante casi dos años tuvo escasa visibilidad pública se encuentra ahora sometido a una enorme presión digital.
Eso puede producir escrutinio sobre instituciones poderosas. También puede borrar rápidamente la frontera entre documentación, activismo, exposición pública y adjudicación de culpabilidad antes de que exista una decisión judicial.
El periodismo tiene que conservar esa frontera.
Publicar una acusación no la convierte en un hecho probado.
Pero la ausencia de una condena tampoco elimina las preguntas legítimas sobre cómo respondieron las instituciones cuando recibieron una denuncia.
La Pregunta Que Cornell Debe Responder
Hay una tentación recurrente cuando se informa sobre violencia sexual: reconstruir a la mujer.
Cuánto bebió. Qué consumió. Por qué estaba allí. Qué aceptó inicialmente. Qué recordó después. Por qué sus recuerdos pueden haber cambiado.
Algunos de esos elementos pueden tener relevancia jurídica y aparecerán inevitablemente en una investigación penal.
Pero no deberían convertirse en el centro del relato periodístico.
En este caso existe otra secuencia que merece al menos el mismo escrutinio.
Una mujer acudió a la policía de Cornell.
Fue entrevistada.
Cornell abrió un procedimiento interno.
Hubo expulsiones y suspensiones.
La Fiscalía recibió una declaración y decidió no presentar cargos.
Casi dos años después apareció una demanda con alegaciones más amplias.
El fiscal reabrió la investigación.
Y ahora sabemos que existe una transcripción completa de aquellas entrevistas que él dice no haber visto.
Todavía no sabemos por qué.
Y esa diferencia —entre lo que sabemos y lo que creemos que pudo haber ocurrido— importa especialmente en una historia como esta.
Porque investigar con perspectiva de género no significa anticipar una sentencia.
Significa algo más elemental: dejar de colocar toda la carga de explicación sobre la mujer que denunció y examinar, con el mismo rigor, a los hombres señalados y a las instituciones que tuvieron información, autoridad y poder para actuar.
Ahora Cornell University y la Fiscalía tendrán que explicar exactamente qué hicieron con ese poder.
Información con corte al 30 de septiembre de 2026.
Fuentes
- CBS News: detalles del caso y respuesta institucional.
- CBS News New York: transcripción de las entrevistas con la policía.
- Reuters: reapertura de la investigación criminal.
- Associated Press: cobertura del caso.
- Cornell University: Presidential Task Force on Campus Sexual Assault.
- Cornell University Student Assembly: resolución SA R15, 2026–2027.
- The Cornell Seven: documentos y fuentes del litigio.
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