Al parecer el gobierno Duque sigue ignorando la crisis interna que atraviesa Colombia, el país que sí dirige por estar pendiente de los acontecimientos de nuestros vecinos venezolanos. Lo más preocupante es que estamos ad portas de las elecciones regionales y la Defensoría del Pueblo ya reportó en su Alerta Temprana 035, referente al Riesgo Electoral, 258 conductas vulneratorias entre el 1 de enero y el 15 de agosto de 2019. Incluyendo 13 homicidios y 192 amenazas contra personas o movimientos políticos, entre otras. Claro, sin dejar de lado los 486 asesinatos a líderes sociales entre el 1 de enero de 2016 y el 17 de mayo de 2019. La respuesta estatal sigue siendo mínima, al igual que la implementación de los acuerdos de paz, la cual se encuentra parcialmente pausada dado que alrededor de la mitad de las leyes que se necesitan para la implementación siguen atascadas en el honorable Congreso de la República. 

La falta de implementación del acuerdo, la falta de garantías para los campesinos que – cándidos- firmaron los acuerdos de sustitución bajo el programa PNIS de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. El incumplimiento a varios de los más de 7.000 ex combatientes que sí entregaron sus armas e iniciaron el proceso de reincorporación – incumplimiento que le ha costado la vida a más de 100- y demás retrasos en el cumplimiento de lo pactado han llevado Iván Márquez a usar como excusa el rearme de su grupo de compinches que tanto le preocupa hoy en día a la opinión pública. 

Si bien los argumentos de Márquez pueden ser ciertos en ese único aspecto, el presidente Duque y el partido de gobierno no pueden escudarse en tan desafortunada – pero previsible decisión – para justificar la inefectividad de los Acuerdos. El punto de violencia que hoy enfrenta el país ni siquiera es nuevo, Colombia volvió a ser un campo de batalla desde hace más de un año y ha venido en escalada desde la posesión del nuevo gobierno. Claramente los Acuerdos no cambian nada desde el papel y requieren de responsables que se encarguen de asegurarse de su ejecución. Lo que tampoco ha sido posible porque las instituciones de gobierno han venido trabajando a media marcha con los pocos funcionarios de planta que tienen y el menor número de contratistas a la espera del Plan Nacional de Desarrollo – que también excluye varias líneas imprescindibles para la adecuada implementación de los acuerdos. 

Sumado a lo anterior, para muchos cayó como un balde de agua fría el rearme de Márquez y sus compinches porque los medios de comunicación masivos – tan irresponsables con el conflicto armado de este país, como siempre - no cumplieron con su labor transmitiendo a cabalidad la actualidad del país – por estar cubriendo a Venezuela- salvaguardando la popularidad del presidente y su mentor – que sabe mandar callar a los “comunistas” (es decir, a los que se atreven a exigir sus derechos en esta país). La verdad es que los mandos medio- altos que no se desmovilizaron, como alias Iván Mordisco y Gentil Duarte, llevan disputándose las rutas de narcotráfico y control territorial desde hacer meses. Actualmente Colombia tiene más de 10 grupos activos entre bandas criminales, disidencias de FARC y disidencia de la negociación del ex presidente Uribe con los paramilitares. 

El rearme de Márquez y compañía es entonces un golpe a la opinión pública que el partido de gobierno ha sabido aprovechar a su favor. La ciudadanía, tan ingenua como siempre, ha caído sin pensarlo dos veces: la división entre lo del SÍ y los del NO. Pero NO SE TRATA DE ESO, en realidad ni Márquez, ni Santrich, ni El Paisa, ni Romaña ni ninguno de ellos es el acuerdo de paz, ni tampoco son las FARC. Hoy en día FARC es un partido político que no apoya el rearme de estos señores. Ya les pasará factura el haberse quedado con las mismas siglas que usaron en la guerra, ya que va a ser muy difícil desmarcarse del accionar de los disidentes. Lo cierto es que no son lo mismo, y en este momento es imposible hablar de una reconfiguración de una guerrilla con capacidad armada y operativa a nivel nacional. 

Los grupos que se han venido formando, así como los que ya estaban y que entraron a disputarse el territorio que dejó la extinta FARC cuando se reagrupó en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, que posteriormente se desplazaron a los ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación), han estado consolidando organizaciones con operaciones a nivel local y regional. Algunas de ellas, asociadas con carteles mexicanos como el cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco o Los Zetas, orientados a salvaguardar el control territorial necesario para seguir usufructuándose de las rutas del narcotráfico en las zonas más dispersas del país – y otras no tan dispersas. 

Es muy temprano para saber hacia dónde irá la disidencia liderada por Iván Márquez, lo que se sabe al momento es que al no haber logrado la alianza con alias Iván Mordisco y Gentil Duarte, esa disidencia ni siquiera tiene fuerza armada, mucho menos social. La credibilidad de Márquez y compañía está por el piso, él mismo se encargó de eso. De manera que pueda haber dos opciones, que inicie una campaña de reclutamiento masivo y/o constreñimiento a adultos para que engrosen sus filas o que logre una alianza estratégica. Lo peligroso, por otro lado, es que es muy probable que busque ayuda en el vecino país: Venezuela. En ese donde hemos metido tanto nuestras narices que ya hasta hay fotos de Guaidó con paramilitares colombianos, con lo que no podría haber ni queja moralmente justa de la eventual alianza de nuestras guerrillas con Maduro, porque finalmente es el mismo juego. 

 Sin embargo, de lo que menos se ha hablado es de lo más importante: ¿hacia donde va el proceso de paz? La sola Ley de la JEP se demoró 17 meses en el Congreso, y falta mucho por implementar, ya el Plan Nacional de Desarrollo pasó y muchas líneas importantes o no están incluidas o tienen un presupuesto insignificante. A pesar de todas las demoras y obstáculos que ha puesto el gobierno es improbable que amplíen los mandatos de la Jurisdicción Especial de Paz y la Comisión de la Verdad. Las cuales sí sufren una gran pérdida con el rearme de Márquez y demás. No porque tengan mucha capacidad armada en el momento sino en términos de verdad y de justicia. De verdad, porque sus testimonios habrían sido ricos en información para esclarecer muchos hechos del conflicto armado, y justicia, porque son parte del grupo de altos responsables que debían presentarse ante la justicia especial. No obstante, tanto la JEP como la Comisión continúan con sus labores y deben seguir garantizando el juicio justo para aquellos que se acogieron a la justicia especial, dentro de los cuáles se encuentran cerca de 2.000 militares. Lo relevante: el proceso de paz debe continuar su implementación, de hecho, debería fortalecerse de manera contundente, y los esfuerzos por construir paz deben ser aún más visibles. 

En resumen, no se trata de los del SÍ y los del NO. Se trata de ser colombianos, de ser humanos y tener un poquito de compasión y empatía con los que siguen poniendo los muertos de esta guerra. Ese es un compromiso que, si bien debe hacer el gobierno, también lo deben hacer los medios de comunicación, el sector privado y la ciudadanía. Para construir la paz necesitamos las manos de todos, las mismas manos que se abstienen y no votan, así como las que votaron por uno u otro candidato. No estamos en el punto que estamos por azar, se tomaron muchas decisiones para estar acá. Es cierto que no todos pensamos ni opinamos igual, y eso no está mal, lo que no está bien es odiarnos, insultarnos o matarnos por esas diferencias. Lo que está peor… es que nos olvidemos que este proceso no se trata de políticos sino de reivindicarnos con las víctimas. De manera que si como país no nos gusta donde estamos, probablemente no sean los políticos, tal vez sea la indiferencia.