La muerte de niños indígenas en etapa de primera infancia por causas asociadas a la desnutrición, es un tema de gran sensibilidad para la opinión pública nacional, y en esa medida, ha provocado fuertes cuestionamientos en lo relativo a la pertinencia de las acciones emprendidas por el Estado colombiano en atención a esta situación de carácter humanitario.

Uno de los aspectos que precisamente suscitan estos cuestionamientos, es la modesta reducción en los indicadores por muerte de niños y niñas indígenas en algunas zonas del país, pese a los evidentes esfuerzos institucionales orientados a erradicarlas. Lo anterior, evidencia entre otras cosas, que las muertes por causas asociadas a la desnutrición infantil, en tanto manifiestación de una crisis humanitaria más compleja, ha excedido la comprensión de la institucionalidad colombiana competente para atenderla.

La limitada comprensión por parte del Estado, en torno las causas reales de problemática y la ausencia de enfoque diferencial en la atención de población afectada, han incidido de forma determinante, en  que  abordaje institucional se haya orientado en clave de respuesta a situaciones de contingencia aisladas entre sí, sin indagar por la existencia de un posible patrón estructural que permita explicar el fenómeno o lo que es peor, encubriéndolo por razones estratégicas.

Si bien existen elementos de naturaleza exclusivamente coyuntural, que contribuyen a la agudización y consecuente visibilización mediática de las muertes de niños indígenas por desnutrición, observarlos de manera aislada empaña la comprensión integral de la problemática, si lo que se pretende es analizarla en su dimensión de fenómeno social.

El cambio climático global, el crecimiento demográfico, las migraciones desde Venezuela y la corrupción en el departamento de La Guajira, fueron ampliamente abordados por los medios de comunicación nacionales en el caso de desnutrición infantil al interior del Pueblo Wayúu, que ha sido quizás el más emblemático, si bien no el único. No obstante, pese al amplio cubrimiento otorgado a estas realidades coyunturales, en función de lo atractivas que resultan para la opinion pública, su contribución a la crisis humanitaria, se limita a la exacerbación de un fenómeno que ha permanecido latente por décadas, cuyas causas reales se mantienen al margen del debate nacional.

¿Cuáles son entonces, las causas subyacentes a la muerte de niños y niñas indígenas por causas asociadas a la desnutrición? ¿Podrían estas estar directamente relacionadas con las implicaciones que ha tenido en la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas en Colombia, la implementación de un modelo de desarrollo extractivista es sus territorios?

Para algunos autores que han abordado ampliamente el tema del desarrollo, como es el caso de Arturo Escobar, el predominio del modelo económico capitalista en la segunda mitad del siglo XX, ha ocasionado que los valores emblemáticos asociados a este, tales como desarrollo, crecimiento económico, progreso, modernidad y civilización,  hayan adelantado una carrera hegemónica expansiva, en virtud de la cual, se han convertido en representaciones epistemológicas dominantes a nivel mundial.

En esta medida, la propagación de los imaginarios del capitalismo han hecho extensivo un mensaje de disponibilidad absoluta sobre los recursos naturales y las tierras en el hemisferio sur para producción de energía, que es en últimas, el soporte del modelo económico, como afirman Tobar y Chinchilla (1993).

El caso de América Latina es especialmente representativo, por tratarse de una  región que por su riqueza en materia de recursos naturales, suscita el más alto interés del denominado primer mundo. En nuestro continente, el proceso expansivo del capitalismo ocurrió de manera acelerada, a través de la inserción forzada de sus valores, a expensas de la diversidad cultural que caracteriza nuestras sociedades.

La ausencia estratégica de matices culturales en las políticas adelantadas en el marco del modelo de desarrollo extractivista, ocurre porque para las lógicas propias del capitalismo, la cultura es considerada una variable problemática, si se tiene en cuenta su vocación universal  y monolítica, frente a lo cual resulta más práctico diseñar políticas a partir de representaciones del otro y no de una construcción incluyente y participativa que resulte del diálogo intercultural.

La política económica en Colombia, ha estado orientada esencialmente por la naturaleza etnocentrista propia del capitalismo, invisibilizando la noción que el territorio tiene, en las cosmovisiones de quienes lo habitan, las cuales en el caso de los Pueblos Indígenas, propenden al equilibrio entre producción y sostenibilidad.

La tendencia del Estado colombiano de invisibilizar sistemáticamente la cosmovisión de Los Pueblos Indígenas en determinadas regiones de interés económico, antagoniza abiertamente con su pervivencia cultural. Así lo demuestran, las prerrogativas de las que gozan los megaproyectos, en especial aquellos del sector minero – energético en zonas donde debería privilegiarse la sostenibilidad del entorno natural.

La implementación de megaproyectos para el desarrollo de actividades del sector extractivo en determinados territorios, ha incidido en la pérdida de diversidad en especies de flora y fauna, a causa de la degradación del suelo por explotación desmedida, con las implicaciones que esto representa para la soberanía alimentaria de quienes habitan dichas zonas.

Existe un especial deterioro de los recursos hídricos, tanto por la contaminación que generan dichos megaproyectos, como por el uso del agua otorgados a las multinacionales a través de concesiones. Las poblaciones que habitan estos territorios han empezado a depender en mayor medida de las lluvias, cuyos ciclos son cada vez, más difíciles de predecir  en razón del cambio climático global.  

En el plano cultural, las divisiones internas en la organización política tradicional, a raíz de las tensiones derivados de las compensaciones económicas asociados a la implementación de los mencionados megaproyectos, han generado conflicto interétnicos y por consiguiente fraccionamiento en el componente humano del territorio, lo que debilita la autonomía de los Pueblos Indígenas y repercute directamente en prácticas tradicionales asociadas al abastecimiento, como es el caso del intercambio de semillas, base fundamental de la soberanía alimentaria de sociedades tradicionales en todo el mundo.

La pérdida gradual de especies nativas se traduce en una disminución de las capacidades reales de los grupos humanos para decidir sobre lo que producen y, por ende de lo que consumen. La soberanía alimentaria no es otra cosa que la autonomía en el abastecimiento, de manera que sea posible la garantía del derecho a la alimentación. Podríamos también definirla como el Derecho de todo grupo humano a producir sus propios alimentos, de acuerdo a las características sus preferencias culturales y necesidades nutricionales.

De acuerdo con los autores Tobar y Chinchilla,  la dependencia de un tercero en términos de abastecimiento, que es subsecuente de la pérdida de soberanía alimentaria, repercute directamente en el estado nutricional de un grupo humano, toda vez que el criterio de selección de los alimentos no está determinado por las necesidades o preferencias de quien consume.

En este sentido, la creciente dependencia de programas asistencialistas, que entre otras cosas no fueron diseñados con el propósito de preservar las actividades productivas y el conocimiento tradicional en torno a los alimentos que los Pueblos Indígenas producen para su consumo, ha repercutido en el segmento poblacional más vulnerable en materia nutricional, los niños y niñas.

La relación directa entre las actividades propias del modelo extractivista y la desnutrición infantil a causa del deterioro de la soberanía alimentaria de los Pueblos Indígenas en Colombia, son un fenómeno estructural, por tanto no es posible que medidas paleativas sean suficientes para preservar la vida ni la dignidad de estas poblaciones.

Sería necesario promover las actividades tradicionales en las que se sustenta la soberanía alimentaría de los Pueblos Indígenas y cuestionar la sostenibilidad de estos megaproyetos en sus territorios, si existiera voluntad para ello….