Repensando el Campo Colombiano: ¿El Rol de La Mujer Rural?

November 29, 2021
Columna
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Faro Punta Gallinas Colombia - Photo by Robin Noguier on Unsplash

El punto número uno del Acuerdo para la Terminación del Conflicto entre el Estado colombiano y las FARC se titula, “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral (RRI)”, este sienta las bases para la transformación estructural del campo y busca crear condiciones de bienestar para la población rural colombiana, de igual forma, la RRI, parte del reconocimiento que tiene la economía campesina en el proceso de desarrollo propio del campo, como mecanismo de generación de empleo, y de resignificación del trabajo rural.


Según lo consignado en el acuerdo, este punto tiene como uno de sus principios rectores el de igualdad y Enfoque de Género, el cual propende por el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas autónomas, sujetos de Derechos en relación con el acceso a las condiciones reales de igualdad frente a los hombres, en materia de tierras, proyectos productivos, opciones de financiamiento, infraestructura, servicios técnicos y formación, atendiendo a las necesidades específicas y condiciones diferenciales de las mujeres.


A partir de lo anterior, es evidente que el rol de la mujer rural en el marco de la terminación del conflicto y la reconstrucción del campo colombiano, es vital dentro de las dinámicas de producción y de reconstrucción del tejido social, permitiendo un mejor escenario para la ejecución de estrategias en pro del empoderamiento y la autonomía de ella, en el contexto de las desiguales relaciones sociales y económicas que se libran en el contexto rural.


Desde la firma e implementación del acuerdo, es posible evidenciar una proliferación de programas encaminados a brindar las posibilidades materiales para que las mujeres se puedan vincular a las desafiantes condiciones de los mercados, por ejemplo, el Programa de Alianzas Productivas (PAAP), que en los últimos años ha podido vincular a casi 9000 mujeres rurales, por medio de la implementación de 544 alianzas en más de 30 departamentos del país, demuestra los esfuerzos gubernamentales por reforzar las potencialidades de producción agrícola en los diferentes departamentos por medio de estrategias de vinculación rural con empresas privadas y otros aliados comerciales, brindándole mayor competitividad a los productos rurales, y otorgándole a las mujeres mayores facilidades de acceso a las dinámicas de mercado.


Frente a esto, es claro que para el posconflicto el campo es una de las variables fundamentales pues ha sido un espacio donde han convergido una amplia gama de problemáticas, que han afectado en mayor medida a las mujeres rurales, quienes han tenido que lidiar con la inseguridad, el acoso sexual, el desplazamiento, entre otras dimensiones de violencia, representadas en un contexto de conflicto estructural. Es precisamente esta condición, la de mujer rural, la que se traduce en un escenario de doble discriminación, y doble victimización, que, a pesar de los esfuerzos del gobierno por construir escenarios de vinculación a las dinámicas del mercado, vale la pena evaluar en función a las necesidades reales de las mujeres que viven en la ruralidad.

Son diferentes las dinámicas que se pueden identificar dentro de la vida rural, esto se debe a una asimetría frente a los impactos del conflicto y de las condiciones de desigualdad que se presentan dentro de los escenarios rurales, por ejemplo, en materia de distribución laboral.


Uno de los escenarios más claros, donde se evidencia la inequitativa y arbitraria distribución de labores, es el caso de las tareas que conforman el trabajo de cuidado, por ejemplo, las tareas de cocina, limpieza y crianza. Frente a esto, Naciones Unidas publicó un informe en 2013 donde asegura que estos trabajos no pagos, constituyen una barrera para la participación de la mujer dentro del mercado laboral, generando también un escenario inadecuado para el goce efectivo de sus Derechos, al verse constreñida por actividades que, para el imaginario social, deberían ser ejecutadas por ella de manera natural.


Recapitulando, considero que si bien, existe una voluntad de las instituciones estatales por brindar unas mejores garantías para las mujeres rurales, en función de sus necesidades orientadas a la autonomía económica, deberíamos hacer una mejor revisión del contexto cotidiano y de las dinámicas que rigen las relaciones sociales dentro de las comunidades rurales de nuestro país. Teniendo en cuenta que las instancias de discriminación siguen siendo una realidad, lamentablemente, representadas en la arbitraria distribución de funciones, la dependencia de la mujer por la ausencia de oportunidades de capacitación y emprendimiento, y las demás limitaciones que día a día obstaculizan el goce efectivo de los Derechos de las mujeres rurales.


A partir de esto, es necesario reevaluar el papel de la mujer rural, más allá de los atributos y los indicadores económicos y de fuerza productiva, es necesario repensar la forma como podemos, como sociedad, disminuir los sesgos construidos por imaginarios sociales, que lo único que consiguen es perpetuar arbitrariamente, labores asignadas a través de criterios erróneos basados en características de género. Recordemos la arbitraria localización de la mujer en el marco del espacio privado, donde su participación se veía relegada por el simple capricho de los hombres, que ostentaban y cuidaban sus posiciones en la dimensión pública, la cual “no era adecuada para las mujeres”.


Es claro que, en esta coyuntura de aparente posconflicto, se necesita la suma de múltiples mecanismos que reconstruyan el tejido social por medio de la identificación y caracterización del otro como sujeto de Derechos. Esta no puede ser la excepción para el caso de las mujeres rurales, puesto que, a mi modo de ver, potenciar las regiones a nivel agrícola, y vincular a las mujeres rurales a las dinámicas del mercado no son soluciones que atacan necesariamente la estructura del problema, que es precisamente la victimización y revictimización de las mujeres en el marco de una sociedad que no ha superado los atributos que esta misma construye en función del género y de sus falsos estereotipos, desconociendo que hombres y mujeres podemos contribuir de la misma manera, y con el mismo esfuerzo en las labores que aparente, y “naturalmente” solo le corresponden a ellas.


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November 30, 2018

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El punto número uno del Acuerdo para la Terminación del Conflicto entre el Estado colombiano y las FARC se titula, “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral (RRI)”, este sienta las bases para la transformación estructural del campo y busca crear condiciones de bienestar para la población rural colombiana, de igual forma, la RRI, parte del reconocimiento que tiene la economía campesina en el proceso de desarrollo propio del campo, como mecanismo de generación de empleo, y de resignificación del trabajo rural.


Según lo consignado en el acuerdo, este punto tiene como uno de sus principios rectores el de igualdad y Enfoque de Género, el cual propende por el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas autónomas, sujetos de Derechos en relación con el acceso a las condiciones reales de igualdad frente a los hombres, en materia de tierras, proyectos productivos, opciones de financiamiento, infraestructura, servicios técnicos y formación, atendiendo a las necesidades específicas y condiciones diferenciales de las mujeres.


A partir de lo anterior, es evidente que el rol de la mujer rural en el marco de la terminación del conflicto y la reconstrucción del campo colombiano, es vital dentro de las dinámicas de producción y de reconstrucción del tejido social, permitiendo un mejor escenario para la ejecución de estrategias en pro del empoderamiento y la autonomía de ella, en el contexto de las desiguales relaciones sociales y económicas que se libran en el contexto rural.


Desde la firma e implementación del acuerdo, es posible evidenciar una proliferación de programas encaminados a brindar las posibilidades materiales para que las mujeres se puedan vincular a las desafiantes condiciones de los mercados, por ejemplo, el Programa de Alianzas Productivas (PAAP), que en los últimos años ha podido vincular a casi 9000 mujeres rurales, por medio de la implementación de 544 alianzas en más de 30 departamentos del país, demuestra los esfuerzos gubernamentales por reforzar las potencialidades de producción agrícola en los diferentes departamentos por medio de estrategias de vinculación rural con empresas privadas y otros aliados comerciales, brindándole mayor competitividad a los productos rurales, y otorgándole a las mujeres mayores facilidades de acceso a las dinámicas de mercado.


Frente a esto, es claro que para el posconflicto el campo es una de las variables fundamentales pues ha sido un espacio donde han convergido una amplia gama de problemáticas, que han afectado en mayor medida a las mujeres rurales, quienes han tenido que lidiar con la inseguridad, el acoso sexual, el desplazamiento, entre otras dimensiones de violencia, representadas en un contexto de conflicto estructural. Es precisamente esta condición, la de mujer rural, la que se traduce en un escenario de doble discriminación, y doble victimización, que, a pesar de los esfuerzos del gobierno por construir escenarios de vinculación a las dinámicas del mercado, vale la pena evaluar en función a las necesidades reales de las mujeres que viven en la ruralidad.

Son diferentes las dinámicas que se pueden identificar dentro de la vida rural, esto se debe a una asimetría frente a los impactos del conflicto y de las condiciones de desigualdad que se presentan dentro de los escenarios rurales, por ejemplo, en materia de distribución laboral.


Uno de los escenarios más claros, donde se evidencia la inequitativa y arbitraria distribución de labores, es el caso de las tareas que conforman el trabajo de cuidado, por ejemplo, las tareas de cocina, limpieza y crianza. Frente a esto, Naciones Unidas publicó un informe en 2013 donde asegura que estos trabajos no pagos, constituyen una barrera para la participación de la mujer dentro del mercado laboral, generando también un escenario inadecuado para el goce efectivo de sus Derechos, al verse constreñida por actividades que, para el imaginario social, deberían ser ejecutadas por ella de manera natural.


Recapitulando, considero que si bien, existe una voluntad de las instituciones estatales por brindar unas mejores garantías para las mujeres rurales, en función de sus necesidades orientadas a la autonomía económica, deberíamos hacer una mejor revisión del contexto cotidiano y de las dinámicas que rigen las relaciones sociales dentro de las comunidades rurales de nuestro país. Teniendo en cuenta que las instancias de discriminación siguen siendo una realidad, lamentablemente, representadas en la arbitraria distribución de funciones, la dependencia de la mujer por la ausencia de oportunidades de capacitación y emprendimiento, y las demás limitaciones que día a día obstaculizan el goce efectivo de los Derechos de las mujeres rurales.


A partir de esto, es necesario reevaluar el papel de la mujer rural, más allá de los atributos y los indicadores económicos y de fuerza productiva, es necesario repensar la forma como podemos, como sociedad, disminuir los sesgos construidos por imaginarios sociales, que lo único que consiguen es perpetuar arbitrariamente, labores asignadas a través de criterios erróneos basados en características de género. Recordemos la arbitraria localización de la mujer en el marco del espacio privado, donde su participación se veía relegada por el simple capricho de los hombres, que ostentaban y cuidaban sus posiciones en la dimensión pública, la cual “no era adecuada para las mujeres”.


Es claro que, en esta coyuntura de aparente posconflicto, se necesita la suma de múltiples mecanismos que reconstruyan el tejido social por medio de la identificación y caracterización del otro como sujeto de Derechos. Esta no puede ser la excepción para el caso de las mujeres rurales, puesto que, a mi modo de ver, potenciar las regiones a nivel agrícola, y vincular a las mujeres rurales a las dinámicas del mercado no son soluciones que atacan necesariamente la estructura del problema, que es precisamente la victimización y revictimización de las mujeres en el marco de una sociedad que no ha superado los atributos que esta misma construye en función del género y de sus falsos estereotipos, desconociendo que hombres y mujeres podemos contribuir de la misma manera, y con el mismo esfuerzo en las labores que aparente, y “naturalmente” solo le corresponden a ellas.


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